LOS COLEGIOS DE ECONOMISTAS Y DE TITULARES MERCANTILES DE VALLADOLID AUNAN ESFUERZOS EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN

El decano presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Juan Carlos de Margarida y el presidente del Colegio de Titulares Mercantiles de Valladolid, Roberto Gutiérrez Álvarez, han firmado esta mañana un convenio de colaboración que pretende dar un paso hacia delante en el proceso de unificación de ambos colectivos, integrando a los Economistas, Titulares Mercantiles y Diplomados en Empresariales.

El acuerdo supone, por un lado, la equiparación de los titulados y asociados de ambas instituciones en cuanto a derechos y servicios y, por otro, la creación de una única interlocución de las profesiones económicas con el objetivo de proporcionar un mejor servicio a la ordenación y desarrollo de la economía, en general, y a la empresa, en particular, y un mejor servicio y garantía para los usuarios y consumidores.

La unificación de ambas corporaciones profesionales, acordada mediante la publicación del pasado 5 de octubre de la Ley 30/2011, de 4 de octubre, sobre la creación del Consejo General de Economistas (unificación de las organizaciones colegiales de economistas y de titulares mercantiles) es fruto de un largo proceso de conjunción entre ambas. Dicho proceso de integración se produce bajo la premisa de una más idónea articulación para la representación y defensa de los intereses de sus miembros pero también de la sociedad a la que se deben y en la que ejercen sus atribuciones.

De esta manera, se unificarán dentro de un mismo colectivo a los titulados en las Facultades de Ciencias Políticas y Económicas, de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales y Ciencias Económicas y Empresariales- y los segundos -titulados en las Escuelas de Comercio y en las Escuelas Universitarias de Estudios Empresariales- han desarrollado durante años sus funciones en el sector público, en el ámbito académico, en la empresa, en ejercicio libre y ante los Juzgados y Tribunales de Justicia.

Con la unificación se alcanzará una mayor eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos que deben cumplir como Corporación de Derecho Público, no solamente por el ahorro de medios y recursos o la reducción de costes en la línea establecida por la transposición de la Directiva de Servicios sino, asimismo, por las ventajas derivadas de la existencia de una única interlocución de las profesiones económicas ante las Administraciones Públicas.